Vivienda digna y “guerra del agua”


Ahora habla la PAH: vivienda digna y “guerra del agua”



En Terrassa se ha cortado el agua a miles de familias desde que comenzó la crisis. De la misma manera que los desahucios, al principio estos cortes eran invisibles. Pero con el tiempo empezaron a llegar casos a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

Por este motivo en marzo de 2015 ocupamos la sede de la empresa privada que suministra el agua en Terrassa, la Mina de Aigües. Su mala gestión y la tibieza del Ayuntamiento, estaban permitiendo cortes de agua. Finalmente conseguimos el compromiso de que se pararían al solicitar la tarifa social, se avisaría antes para que las familias fueran a Servicios Sociales y se buscarían formas de mantener el agua a las familias vulnerables, aunque la vivienda fuera ocupada.

En Julio de 2015 logramos que se aprobara La Ley 24/2015 catalana contra la emergencia habitacional que, entre otras cosas, obliga a las suministradoras a comprobar la situación familiar antes de proceder a un corte consultando con los Servicios Sociales. Si hay exclusión residencial queda automáticamente parado. Después de la aprobación de la Ley, el Ayuntamiento creó la Oficina Municipal de Atención a la Pobreza Energética para atender esta problemática.

La conclusión lógica de todo ello debería ser que actualmente no tendría que haber ni un corte de agua a familias en riesgo de exclusión ¿verdad?

Pues los cortes siguen. El mes pasado las que sufrieron esta gran injusticia fueron Rosa y Antonio.

Esta pareja de 56 y de 57 años vivían junto a sus hijas en una vivienda de alquiler, pero en el 2008 él y en 2014 sus hijas, se quedaron en paro. Al perder su vivienda, terminaron durmiendo en un coche durante meses. Desamparados y sin respuesta por parte del Ayuntamiento, acudieron a nuestra asamblea. Es allí donde encuentran apoyo, siendo realojados en un piso vacío de un banco. Ahora negocian un alquiler social.

Pedimos explicaciones a Mina y al Ayuntamiento sobre el corte sin previo aviso a Antonio y Rosa, pero no hubo una respuesta clara. ¿Qué está pasando con los cortes de agua en nuestra ciudad?

Hemos detectado que Mina ha cortado el agua a varias familias sin intervención de Servicios Sociales. Esto es incumplir la la Ley 24/2015, por lo que se debe multar a la empresa.

Pero Mina insiste en que no corta el agua a nadie y sorprende que, en los casos que hemos denunciado, se ha restablecido finalmente el agua. Esto es, claramente, por la presión de la PAH.

No obstante, pueden haber muchos más cortes que no pasan por la PAH. El problema es que en Terrassa no hay datos de ellos (parece que Mina no los pasa y tal vez al Ayuntamiento tampoco le interesa...).

¿Y si lo que realmente pasa es que solo se solucionan los cortes que se denuncian, pero en cambio se sigue adelante con el resto? Esta táctica la ha usado el Ayuntamiento algunas veces, los bancos casi siempre y ahora parece que Mina hace lo mismo: “si no vienen los de las camisetas verdes, el problema no existe”.

Queremos dejar claro que no se trata de parar sólo los desahucios o los cortes que se denuncian. Hay muchos “Antonio y Rosas”, por lo que exigimos soluciones para toda Terrassa!

La verdad es que a la gente de la PAH, Mina siempre nos ha recordado a los bancos: priman su negocio y no las personas. Tienen grandes intereses en torno a un derecho básico y solo se mueven cuando presionamos. El Ayuntamiento, además de sus errores y falta de valentía, no tiene control sobre Mina para garantizar que no se hagan cortes, y menos ahora que hay una guerra abierta con este tema en Terrassa y esta empresa se lo pone aún más difícil.

En cambio la Taula de l'Aigua y su lucha nos recuerda mucho a la nuestra. De hecho es la misma: una vivienda digna, lo es cuando se tienen los suministros básicos. No tenerlos, es como vivir en una cueva. Es de sentido común que todo el mundo debe tener acceso a los recursos básicos (vivienda, suministros, sanidad, educación etc.). Y si no disponemos de ellos, hay que recuperarlos: movilizar la vivienda vacía para alquiler social, recuperar el suministro de agua para la ciudadanía etc.

Todas necesitamos un techo y recursos básicos para vivir. Queremos una ciudad con derecho a la vivienda digna. Tenemos derecho, a luz, agua y techo!


Fuera deuda para Idoia

MANIFIESTO:


Soy Idoia Calleja,  me desahuciaron a mí y a mi ex pareja en 2008 de mi piso por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. A la hora de firmar teníamos a mi ex cuñada como avalista y cual ha sido nuestra sorpresa cuando en vez de avalista la pusieron como co-propietaria con un 4%. 
 
 Además la obligaron a contratar un seguro por si se quedaba en paro, cosa que no nos ha servido para nada. Nos hicieron sacar un préstamo personal de 3.000 € para pagar las arras en el momento de la firma y que supuestamente se liquidaría.
 
Sin saberlo me hicieron una carencia de 1 año y al finalizar ésta de pagar 800€ al mes pasamos a pagar 1.200€. 
Mi ex pareja se quedó en paro y no podíamos afrontar los pagos.  IBERCAJA se negó a negociar y  nos DESAHUCIARON.
 
Se quedó con el piso y nos dejaron una deuda de 89.000€ + costas judiciales. Desde ese día me embargan cada mes 200€ aproximadamente ya que mi ex pareja no consta que trabaje.
 
Ahora tengo 2 niñas (una de 2 años y otra con 8 meses) con mi actual pareja, la cual tiene una discapacidad del 45% sin percibir ninguna ayuda económica y está en paro. Por lo tanto solo disponemos de parte de mi sueldo. Desde mi desahucio hace 8 años, me siguen reclamando la deuda y embargando lo poco que cobro.
 
IBERCAJA ha vendido mi deuda a un FONDO BUITRE llamado YORK GLOBAL FINANCE que son los que ahora me siguen embargando.
 
Gracias a la PAH ahora tengo fuerzas para plantarles cara, he perdido el miedo.
 
He pedido a IBERCAJA que recupere mi deuda  ya que era con ellos con quien yo tenía la hipoteca (de la cual cosa se niega) que me den la condonación de ésta deuda y pueda tener una segunda oportunidad con mi familia.
 
A LOS BANCOS SE LES RESCATA Y SE LES AYUDA…
Y ÉSTOS A LAS PERSONAS NOS CONDENAN DE POR VIDA.

Una oportunidad única para conseguir una ciudad con derecho a la vivienda: la nueva ley contra la emergencia habitacional de Catalunya


Hoy el Diari de Terrassa nos publica una carta donde explicamos en qué consiste la nueva ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética de Catalunya, la ILP Habitatge que conseguimos que el Parlament aprobara el pasado mes de Julio.
En el artículo exponemos cómo nos protege esta nueva ley de las deudas, los desahucios y los cortes, y cuales son las responsabilidades de las administraciones (Generalitat, Ayuntamiento, Juzgados) para que se aplique y no se vulnere más el derecho a la vivienda digna en nuestra ciudad y en toda Catalunya.




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Este 23 de Julio el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad nuestra Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda. Fue una victoria colectiva gigante por la que hemos peleado más de 6 años. La mejor de la PAH es su solidaridad: luchamos juntos para ganar todos, con la dignidad que algunos se creían que nos habían arrebatado y con el apoyo de una sociedad que ha dicho basta.

Aún con el orgullo por el trabajo bien hecho, hemos retomado nuestra actividad de cada martes en el centro cívico de Sant Pere Nord, donde nos organizamos para defender nuestros derechos.

La “Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica", pone encima de la mesa medidas para detener los desahucios de hipoteca y de alquiler, los cortes de suministros, para terminar con las deudas de por vida que no alcanzamos a pagar, y para movilizar las viviendas vacías de bancos que incumplen su función social.

La ley que conseguimos aprobar, es muy clara y establece que hay que proteger a las personas en situación de "exclusión residencial". Es decir, las familias que ingresen menos de 1600 euros (aproximadamente, según los miembros de la familia y la zona donde se viva), y que se enfrenten a deudas o desahucios de hipoteca, desahucio de alquiler, o cortes de suministros en su vivienda habitual. Las que, aun superando esos ingresos, tengan un informe social que acredite exclusión residencial, también deberán ser protegidas.

Para resolver el sobre-endeudamiento se habilitarán mecanismos de segunda oportunidad que pueden terminar en cancelación de la deuda. Éstos se desarrollarán en los próximos meses para que sea de aplicación.

En caso de desahucio ¿cómo nos protege la ley? Obligando a los grandes tenedores de viviendas (bancos y sus inmobiliarias, fondos de inversión y propietarios con más de 17 viviendas) a ofrecer un alquiler social (entre 50 y 140 euros, según ingresos) para evitar el desahucio, sea de hipoteca o de alquiler. En desahucios de alquiler en los que el propietario sea un particular, se establecen ayudas para evitarlo y en cualquier caso, realojo para la familia.

Para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas, la ley determina que las compañías no podrán hacer cortes sin un informe de servicios sociales que indique que no hay exclusión residencial. En caso de que así sea, hay que garantizar los suministros básicos con ayudas o descuentos, mientras ésta dure.

Como ven, estamos hablando de una ley ambiciosa. Además sabemos que aprobar una ley no lo cambia todo en un día: hay que aplicarla y conseguir que no se guarde en un cajón.

Por este motivo hacemos un llamamiento para que se aplique nuestra ILP, que hoy es una ley de todos que defiende a cualquier persona con dificultades. Desde la PAH hemos publicado en nuestra web los documentos jurídicos para detener desahucios que ya estamos presentando en los juzgados. Invitamos a todos los afectados y a sus letrados a usarlos.

Pero para que se cumpla la ley es imprescindible que todas las administraciones asuman su responsabilidad.

En primer lugar, la Generalitat y los Ayuntamientos deben garantizar que todo el mundo conozca sus derechos y tenga al alcance las herramientas para defenderse.

En segundo lugar, tenemos que saber claramente cual es la magnitud del problema y a quién se deberá proteger. Por lo que todos los Ayuntamientos deberán identificar cuantas personas en su municipio están en exclusión residencial.

Pero sobretodo es importante saber que los municipios tienen un rol central en la aplicación de esta ley. No solo informando a la ciudadanía que acuda a sus oficinas, ya sean de vivienda o de servicios sociales, sino elaborando un protocolo interno de como se debe aplicar.

En concreto, la ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar de informes de exclusión residencial para certificar la necesidad de paralizar un desahucio o un corte y garantizar alquiler social. A controlar que en casos de desahucio de gran tenedor, éste haga una oferta de alquiler social dentro de los parámetros que la ley establece, y de no ser así, sancionar con hasta 90.000€ por infracción.

Además, los Ayuntamientos y la Generalitat quedan obligados a realojar a las familias que vayan a sufrir desahucios de pequeño propietario, siempre que las ayudas económicas no sean suficientes. Será imprescindible pues movilizar numerosas viviendas sociales. La nueva ley aporta para ello una nueva herramienta que será clave, por ser más eficiente que las multas: la posibilidad de obligar directamente a los bancos a ceder vivienda vacía para alquiler social.

La Generalitat deberá aportar recursos, tanto presupuestarios como de vivienda, y asesorar a los Ayuntamientos en esta tarea.

Queda claro que esa “Terrassa del derecho a la vivienda y libre de desahucios”, no es algo que se vaya a conseguir con solo proclamarlo en la prensa o en un tuit.

Desde la PAH llevamos 6 años luchando por ello día a día y con humildad. Nos habréis visto en las calles, pero sobretodo hemos trabajado como hormigas, apoyándonos los unos a los otros.

Por eso ahora exigimos menos palabras y más resultados. Que nadie trate de apropiarse lo que vayamos consiguiendo. No nos interesan las competiciones de alcaldes. Luchamos para que todos los Ayuntamientos defiendan el derecho a la vivienda, como hicimos con las multas a las viviendas vacías de los bancos.

Hemos conseguido miles de pequeñas victorias colectivas que al final han hecho posible que se cambien las leyes en Catalunya.

Defiendan ahora desde los Ayuntamientos y la Generalitat los derechos de la gente, es su obligación. Pónganse a trabajar y hagan cumplir la ley. Y escuchen-nos, que de derecho a la vivienda... algo sabemos. Exigimos ser partícipes del diseño de implementación de la ley a nivel municipal.

Pongámonos todos a trabajar en ello. Que falta hace.

Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) de Terrassa

Acció coordinada als Jutjats de tot Catalunya perque s'aturin els desnonaments

La PAH demana als Jutges de Catalunya que apliquin la ILP i presenten massivament documents juridics per frenar els desnonaments en base a la nova llei


Desprès de 6 anys impahrables de lluita, el passat 23 de juliol vam aconseguir una fita històrica, l'aprovació per unanimitat del Parlament de Catalunya de la ILP impulsada per la PAH, l'Observatori DESC i l'APE. Des d'aquell moment la ILP passa a ser la llei 24/2015  de mesures urgents per a afrontar  l’emergència en l’àmbit de  l’habitatge i la pobresa energètica". Aquesta es una llei feta des de abaix i que posa sobre la taula mecanismes per aturar els desnonaments d’hipoteca i de lloguer, els talls de  subministraments, per aconseguir mobilitzar l'habitatge buit activant la seva funció social, i per acabar amb els deutes de per vida.

Sabem que el fet d’aprovar una llei no canvia la realitat  immediatament, sinó que cal forçar-ne l’aplicació. Inclús hi ha lleis  que no s’apliquen perquè hi ha grups molt poderosos que mouen cel i terra perquè es guardin al calaix. Per això des d'inicis de  setembre hem engegat una campanya de contactes i de pressió perquè es  faci complir la ILP.

Dins d'aquesta campanya, el primer pas ha estat generar documents útils per aturar els desnonaments als jutjats de tot Catalunya. Documents que han de conèixer i que animem a fer servir, així com la llei, no només tota la ciutadania de Catalunya, si no els advocats, els professionals dels serveis socials i del tercer sector. 

Un actor clau per l'aplicació de la llei 24/2015 son els jutges, i es per això que avui s'ha fet una acció coordinada de totes les PAHs als jutjats de tot Catalunya, on:
  • S'han presentat escrits de paralització dels desnonaments que cada PAH els quals esperem que s'aturin de forma immediata.
  • S'han entregat cartes (enllaç carta) als jutges degans per demanar-los que apliquin la nova llei als seus jutjats i que aturin els desnonaments de famílies vulnerables.

Estem convençudes que tindrem una bona rebuda per part dels jutges, que en repetides ocasions han mostrat la seva sensibilitat  amb la defensa dels consumidors, la tutela judicial efectiva i els drets essencials de les persones; alhora que demanat eines per poder aturar el drama dels desnonaments. Avui els hi volem fer arribar de primera ma aquestes eines.

Aprofitem per recordar que tant la Generalitat com els Ajuntaments tenen una responsabilitat molt important perquè aquesta llei sigui realment útil per a protegir el dret a l'habitatge, per protegir a les persones. Caldrà informació/formació, però sobretot diligencia en aplicar-la.

El desplegament de la llei ha de ser immediat, i especialment, les mesures de xoc per aturar els desnonaments i els  talls de subministres, s’han d’aplicar des del primer dia. I si en algun cas la llei s’incompleix, ho denunciarem de forma contundent.

Dins d'aquesta campanya per a que s'apliqui la llei 24/2015 hem començat ja donar passos en les següents direccions:
  • Pel que fa a la informació, estem treballant amb la Secretaria d'Habitatge per elaborar una guia conjunta d'aplicació de la ILP pels Ajuntaments.
  • Pel que fa al rol de la Generalitat i dels Ajuntaments per evitar els desnonaments, es imprescindible que de forma urgent, aquests comencin a controlar que les ofertes de lloguer socials responguin a la llei i en cas contrari sancionar; i que hi hagi els recursos econòmics i habitacionals que demana la llei.
  • Estem iniciant contactes amb el mon de la judicatura i dels professionals dels serveis socials, així com amb el tercer sector, per col·laborar en la defensa de l'aplicació d'aquesta nova llei.
Som conscients de que per aconseguir el total desplegament de la llei, la societat civil haurem d'estar vigilants i pressionant, i com ja ho vam avançar quan es va aprovar: no desistirem fins que s'apliqui amb absoluta normalitat.

Si sense tenir una llei que ens emparés no hem permès la vulneració dels  nostres drets, ara farem arribar arreu aquesta llei que ens protegeix i exigirem la seva aplicació en tot moment!

No pararem fins a recuperar el dret a l'habitatge digne que ens han robat!