Europa atesta el golpe de gracia a la estafa hipotecaria: exigimos justcia y reparación!

Desde 2013, la normativa hipotecaria española ha recibido ya ocho sentencias-varapalos desfavorables de la Justicia europea, que han culminado con la famosa sentencia del pasado 21 de diciembre sobre las cláusulas suelo y la del 26 de enero sobre el vencimiento anticipado. Con ellas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma y da la razón a las que llevamos 8 años denunciando  la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos!!

La sentencia de las cláusulas suelo deja en evidencia al Tribunal Supremo español, que ante la primera sentencia del TJUE fuera de toda lógica jurídica, que la  devolución de lo estafado por la clausula suelo sería solo desde 2013. Ahora el TJUE da la razón a las estafadas, afirmando que la devolución de lo robado con éstas cláusulas debe de ser desde la firma del contrato, es decir, la Banca ha de devolver todo lo robado con la cláusula suelo, y no solo una pequeña parte como querían una vez más, las instituciones españolas que se dedican a proteger los beneficios de la banca. 

Por si no es poco, la sentencia europea más reciente declara abusiva la resolución anticipada de los contratos de préstamo hipotecario por el impago de una sola cuota, un abuso que encontramos en casi todos nuestros préstamos hipotecarios. Esta  cláusula permite a la banca reclamar la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes, una vez has dejado de pagar una sola cuota de la hipoteca. La  consecuencia de todo ello es que si no podías ponerte al corriente de  los pagos del préstamo la legislación española te condena  al desahucio  y, en muchos casos, a una deuda de por vida.

Pero ahora sabemos que debe ser eliminada del contrato de préstamo por lo que nuestro banco no puede resolver nuestros contratos anticipadamente y reclamarnos, a su vez, la totalidad de la deuda mediante el proceso de ejecución hipotecaria desalojándonos de nuestras viviendas. Por ello la PAH va a exigir y a  reclamar nuevamente el archivo de todas las ejecuciones hipotecarias, la  restitución de los derechos de las personas afectadasy  la reparación  de los perjuicios producidos a más 700.000 familias desde 2008, como  consecuencia de los abusos de los bancos y de la legislación española  sobre ejecuciones hipotecarias contraria  al derecho de la Unión desde 1995.

Queremos recordar que las clausulas abusivas son sólo la punta del iceberg de la estafa. Hoy nadie puede discutir que los sucesivos gobiernos españoles han  ignorado la directiva  13/93/CEE. Europa ha dejado bien claro que  la normativa hipotecaria española es anómala, injusta e ilegal, contraria a la directiva Europea de 1993 que el Estado tenía que haber adaptado antes del 31 de diciembre de 1994.

Desde la PAH hemos elaborado un "kit" que explica las dudas más frecuentes, cómo detectar la cláusula suelo y un escrito de reclamación de devolución de todo nuestro dinero e intereses, para que podamos presentarlo ante las entidades financieras. Estos documentos se encuentran en la web de La PAH el apartado de documentos útiles.

En la acción de hoy, vamos a presentar masivamente reclamaciones: invitando a toda la ciudadanía a unirse a nuestra lucha, que es la suya. También avisamos a la banca y al Gobierno de que esto es sólo el principio y vamos a ir hasta el final!

La ley hipotecaria tiene que dejar de ser un negocio en este estado.

Además, anunciamos que el  día 11 de febrero a partir de las 10:30 horas haremos un taller sobre cláusulas abusivas, como la clausula suelo o gastos de  constitución. Enseñaremos a detectarlas en los préstamos hipotecarios y se van a dar las herramientas necesarias para iniciar la reclamación. Es importante que las personas que se acerquen traigan sus prestamos hipotecarios y/o 1 recibo del pago mensual de esta.


Toda la ciudadanía queda invitada el día 11 de  febrero a  las 10:30h en el  Centro Cívico Montserrat Roig en  Av. Barcelona, 180, Terrassa.

¡Si se puede!
En Terrassa no se está garantizando el derecho a la vivienda! Exigimos respuestas ahora!

En Terrassa la emergencia habitacional sigue siendo uno de los mayores problemas de la ciudad. Se ha dejado de hablar de este problema porque parece que ya no hay desahucios, pero siguen habiendo una media de tres al día, desahucios que son parados en el último momento gracias a la presión que la PAH hace al Ayuntamiento y al banco, desahucios que son parados de 1 a 3 meses, que se evitan hasta tres veces. Un problema que en vez de disminuir va en aumento ya que ahora la mayoria de desahucios que antes eran por hipoteca han pasado a ser de alquiler.

Servicios Sociales del Ayuntamiento y en especial el Gobierno municipal tienen la resposabilidad de dar respuesta a estos casos, que se acumulan sin control por la mala gestión y pasividad con la que nos entramos. La excusa de no tener recursos, no es excusa, es no tener voluntad, por que este problema no es nuevo en nuestra ciudad al igual que en todo el estado.

Servicios Sociales no puede mandar a las familias a la PAH por que se ven superados por el problema e incapaces de dar soluciones a situaciones realmente dramáticas. Ellos pueden presionar al igual que nosotras a los bancos para que den alquileres sociales, tienen la baza de las multas que están utilizando de manera blanda y sin todo el potencial que tienen.

La Obra Social de la PAH no está en la ciudad para hacer el trabajo del Ayuntamiento y realojar a las familias que deberían tener una vivienda social.

En Terrassa contamos con 4000 pisos vacios propiedad de bancos y 3600 son las familias que esperan un piso de alquiler social. Datos que hablan por si sólos.

Cuando un problema es urgente se merece una solución inmediata, no una solución al cabo de meses, si hay suerte, o al cabo de años como está pasando o sin los sumistros dados de alta. No se puede permitir que las familias vivan en esta angustia de completa vulnerabilidad ya no sólo respecto a una vivienda si no también al derecho a poder construir de nuevo su vida.

Invitamos a Servicios Sociales y al Gobierno municipal a que salgan a la calle y vean lo que realmente esta pasando, que vean de primera mano en las condiciones en las que mal vivien muchas de estas familias, por que desde las oficinas no se aprecia de igual manera el sufrimiento de estas, que es mucho más al llegar estas fechas. Que hagan eso y que tomen medidas a la altura, sin tratar de esconder los gravísimos problemas que tiene la ciudad y que sufre a diario la ciudadanía.

Pedimos que se dejen de dar excusas, y que se vayan pasando la pelota de unos a otros. Que empiecen a trabajar con resposabilidad y valentía ante esta realidad que sufrimos en nuestra ciudad. Exigimos que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Mirando por los derechos de las miles de personas que se han quedado sin un hogar a causa de esta mal llamada crisis en la que Terrassa también tiene mucho que decir.

Como ejemplo de estas situaciones que no se resuelven cuando toca tenemos los casos de Valeria, Luis, Zora y sus familias. Nos tememos que pueden haber centenares de familias sufriendo este mismo calvario a diario en silencio.

Contamos con OFIMEH, OFIMAPE, Habitatge, etc, etc, pero el problema sigue sin solución, algo no se está haciendo bien......
 ¡¡menos oficinas y más soluciones!!
 
La  Ley 24/2015 contra los desahucios y los cortes es muy clara, el  artículo 47 de la Constitución y los tratados internacionales en materia  de derechos humanos también. 

El derecho a la vivienda de de los y las terrassenses se deber proteger y garantizar ahora y sin medias tintas!

Vivienda digna y “guerra del agua”


Ahora habla la PAH: vivienda digna y “guerra del agua”



En Terrassa se ha cortado el agua a miles de familias desde que comenzó la crisis. De la misma manera que los desahucios, al principio estos cortes eran invisibles. Pero con el tiempo empezaron a llegar casos a la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

Por este motivo en marzo de 2015 ocupamos la sede de la empresa privada que suministra el agua en Terrassa, la Mina de Aigües. Su mala gestión y la tibieza del Ayuntamiento, estaban permitiendo cortes de agua. Finalmente conseguimos el compromiso de que se pararían al solicitar la tarifa social, se avisaría antes para que las familias fueran a Servicios Sociales y se buscarían formas de mantener el agua a las familias vulnerables, aunque la vivienda fuera ocupada.

En Julio de 2015 logramos que se aprobara La Ley 24/2015 catalana contra la emergencia habitacional que, entre otras cosas, obliga a las suministradoras a comprobar la situación familiar antes de proceder a un corte consultando con los Servicios Sociales. Si hay exclusión residencial queda automáticamente parado. Después de la aprobación de la Ley, el Ayuntamiento creó la Oficina Municipal de Atención a la Pobreza Energética para atender esta problemática.

La conclusión lógica de todo ello debería ser que actualmente no tendría que haber ni un corte de agua a familias en riesgo de exclusión ¿verdad?

Pues los cortes siguen. El mes pasado las que sufrieron esta gran injusticia fueron Rosa y Antonio.

Esta pareja de 56 y de 57 años vivían junto a sus hijas en una vivienda de alquiler, pero en el 2008 él y en 2014 sus hijas, se quedaron en paro. Al perder su vivienda, terminaron durmiendo en un coche durante meses. Desamparados y sin respuesta por parte del Ayuntamiento, acudieron a nuestra asamblea. Es allí donde encuentran apoyo, siendo realojados en un piso vacío de un banco. Ahora negocian un alquiler social.

Pedimos explicaciones a Mina y al Ayuntamiento sobre el corte sin previo aviso a Antonio y Rosa, pero no hubo una respuesta clara. ¿Qué está pasando con los cortes de agua en nuestra ciudad?

Hemos detectado que Mina ha cortado el agua a varias familias sin intervención de Servicios Sociales. Esto es incumplir la la Ley 24/2015, por lo que se debe multar a la empresa.

Pero Mina insiste en que no corta el agua a nadie y sorprende que, en los casos que hemos denunciado, se ha restablecido finalmente el agua. Esto es, claramente, por la presión de la PAH.

No obstante, pueden haber muchos más cortes que no pasan por la PAH. El problema es que en Terrassa no hay datos de ellos (parece que Mina no los pasa y tal vez al Ayuntamiento tampoco le interesa...).

¿Y si lo que realmente pasa es que solo se solucionan los cortes que se denuncian, pero en cambio se sigue adelante con el resto? Esta táctica la ha usado el Ayuntamiento algunas veces, los bancos casi siempre y ahora parece que Mina hace lo mismo: “si no vienen los de las camisetas verdes, el problema no existe”.

Queremos dejar claro que no se trata de parar sólo los desahucios o los cortes que se denuncian. Hay muchos “Antonio y Rosas”, por lo que exigimos soluciones para toda Terrassa!

La verdad es que a la gente de la PAH, Mina siempre nos ha recordado a los bancos: priman su negocio y no las personas. Tienen grandes intereses en torno a un derecho básico y solo se mueven cuando presionamos. El Ayuntamiento, además de sus errores y falta de valentía, no tiene control sobre Mina para garantizar que no se hagan cortes, y menos ahora que hay una guerra abierta con este tema en Terrassa y esta empresa se lo pone aún más difícil.

En cambio la Taula de l'Aigua y su lucha nos recuerda mucho a la nuestra. De hecho es la misma: una vivienda digna, lo es cuando se tienen los suministros básicos. No tenerlos, es como vivir en una cueva. Es de sentido común que todo el mundo debe tener acceso a los recursos básicos (vivienda, suministros, sanidad, educación etc.). Y si no disponemos de ellos, hay que recuperarlos: movilizar la vivienda vacía para alquiler social, recuperar el suministro de agua para la ciudadanía etc.

Todas necesitamos un techo y recursos básicos para vivir. Queremos una ciudad con derecho a la vivienda digna. Tenemos derecho, a luz, agua y techo!


Fuera deuda para Idoia

MANIFIESTO:


Soy Idoia Calleja,  me desahuciaron a mí y a mi ex pareja en 2008 de mi piso por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. A la hora de firmar teníamos a mi ex cuñada como avalista y cual ha sido nuestra sorpresa cuando en vez de avalista la pusieron como co-propietaria con un 4%. 
 
 Además la obligaron a contratar un seguro por si se quedaba en paro, cosa que no nos ha servido para nada. Nos hicieron sacar un préstamo personal de 3.000 € para pagar las arras en el momento de la firma y que supuestamente se liquidaría.
 
Sin saberlo me hicieron una carencia de 1 año y al finalizar ésta de pagar 800€ al mes pasamos a pagar 1.200€. 
Mi ex pareja se quedó en paro y no podíamos afrontar los pagos.  IBERCAJA se negó a negociar y  nos DESAHUCIARON.
 
Se quedó con el piso y nos dejaron una deuda de 89.000€ + costas judiciales. Desde ese día me embargan cada mes 200€ aproximadamente ya que mi ex pareja no consta que trabaje.
 
Ahora tengo 2 niñas (una de 2 años y otra con 8 meses) con mi actual pareja, la cual tiene una discapacidad del 45% sin percibir ninguna ayuda económica y está en paro. Por lo tanto solo disponemos de parte de mi sueldo. Desde mi desahucio hace 8 años, me siguen reclamando la deuda y embargando lo poco que cobro.
 
IBERCAJA ha vendido mi deuda a un FONDO BUITRE llamado YORK GLOBAL FINANCE que son los que ahora me siguen embargando.
 
Gracias a la PAH ahora tengo fuerzas para plantarles cara, he perdido el miedo.
 
He pedido a IBERCAJA que recupere mi deuda  ya que era con ellos con quien yo tenía la hipoteca (de la cual cosa se niega) que me den la condonación de ésta deuda y pueda tener una segunda oportunidad con mi familia.
 
A LOS BANCOS SE LES RESCATA Y SE LES AYUDA…
Y ÉSTOS A LAS PERSONAS NOS CONDENAN DE POR VIDA.

Una oportunidad única para conseguir una ciudad con derecho a la vivienda: la nueva ley contra la emergencia habitacional de Catalunya


Hoy el Diari de Terrassa nos publica una carta donde explicamos en qué consiste la nueva ley contra la emergencia habitacional y la pobreza energética de Catalunya, la ILP Habitatge que conseguimos que el Parlament aprobara el pasado mes de Julio.
En el artículo exponemos cómo nos protege esta nueva ley de las deudas, los desahucios y los cortes, y cuales son las responsabilidades de las administraciones (Generalitat, Ayuntamiento, Juzgados) para que se aplique y no se vulnere más el derecho a la vivienda digna en nuestra ciudad y en toda Catalunya.




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Este 23 de Julio el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad nuestra Iniciativa Legislativa Popular por el derecho a la vivienda. Fue una victoria colectiva gigante por la que hemos peleado más de 6 años. La mejor de la PAH es su solidaridad: luchamos juntos para ganar todos, con la dignidad que algunos se creían que nos habían arrebatado y con el apoyo de una sociedad que ha dicho basta.

Aún con el orgullo por el trabajo bien hecho, hemos retomado nuestra actividad de cada martes en el centro cívico de Sant Pere Nord, donde nos organizamos para defender nuestros derechos.

La “Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica", pone encima de la mesa medidas para detener los desahucios de hipoteca y de alquiler, los cortes de suministros, para terminar con las deudas de por vida que no alcanzamos a pagar, y para movilizar las viviendas vacías de bancos que incumplen su función social.

La ley que conseguimos aprobar, es muy clara y establece que hay que proteger a las personas en situación de "exclusión residencial". Es decir, las familias que ingresen menos de 1600 euros (aproximadamente, según los miembros de la familia y la zona donde se viva), y que se enfrenten a deudas o desahucios de hipoteca, desahucio de alquiler, o cortes de suministros en su vivienda habitual. Las que, aun superando esos ingresos, tengan un informe social que acredite exclusión residencial, también deberán ser protegidas.

Para resolver el sobre-endeudamiento se habilitarán mecanismos de segunda oportunidad que pueden terminar en cancelación de la deuda. Éstos se desarrollarán en los próximos meses para que sea de aplicación.

En caso de desahucio ¿cómo nos protege la ley? Obligando a los grandes tenedores de viviendas (bancos y sus inmobiliarias, fondos de inversión y propietarios con más de 17 viviendas) a ofrecer un alquiler social (entre 50 y 140 euros, según ingresos) para evitar el desahucio, sea de hipoteca o de alquiler. En desahucios de alquiler en los que el propietario sea un particular, se establecen ayudas para evitarlo y en cualquier caso, realojo para la familia.

Para garantizar los suministros básicos de agua, luz y gas, la ley determina que las compañías no podrán hacer cortes sin un informe de servicios sociales que indique que no hay exclusión residencial. En caso de que así sea, hay que garantizar los suministros básicos con ayudas o descuentos, mientras ésta dure.

Como ven, estamos hablando de una ley ambiciosa. Además sabemos que aprobar una ley no lo cambia todo en un día: hay que aplicarla y conseguir que no se guarde en un cajón.

Por este motivo hacemos un llamamiento para que se aplique nuestra ILP, que hoy es una ley de todos que defiende a cualquier persona con dificultades. Desde la PAH hemos publicado en nuestra web los documentos jurídicos para detener desahucios que ya estamos presentando en los juzgados. Invitamos a todos los afectados y a sus letrados a usarlos.

Pero para que se cumpla la ley es imprescindible que todas las administraciones asuman su responsabilidad.

En primer lugar, la Generalitat y los Ayuntamientos deben garantizar que todo el mundo conozca sus derechos y tenga al alcance las herramientas para defenderse.

En segundo lugar, tenemos que saber claramente cual es la magnitud del problema y a quién se deberá proteger. Por lo que todos los Ayuntamientos deberán identificar cuantas personas en su municipio están en exclusión residencial.

Pero sobretodo es importante saber que los municipios tienen un rol central en la aplicación de esta ley. No solo informando a la ciudadanía que acuda a sus oficinas, ya sean de vivienda o de servicios sociales, sino elaborando un protocolo interno de como se debe aplicar.

En concreto, la ley obliga a los Ayuntamientos a elaborar de informes de exclusión residencial para certificar la necesidad de paralizar un desahucio o un corte y garantizar alquiler social. A controlar que en casos de desahucio de gran tenedor, éste haga una oferta de alquiler social dentro de los parámetros que la ley establece, y de no ser así, sancionar con hasta 90.000€ por infracción.

Además, los Ayuntamientos y la Generalitat quedan obligados a realojar a las familias que vayan a sufrir desahucios de pequeño propietario, siempre que las ayudas económicas no sean suficientes. Será imprescindible pues movilizar numerosas viviendas sociales. La nueva ley aporta para ello una nueva herramienta que será clave, por ser más eficiente que las multas: la posibilidad de obligar directamente a los bancos a ceder vivienda vacía para alquiler social.

La Generalitat deberá aportar recursos, tanto presupuestarios como de vivienda, y asesorar a los Ayuntamientos en esta tarea.

Queda claro que esa “Terrassa del derecho a la vivienda y libre de desahucios”, no es algo que se vaya a conseguir con solo proclamarlo en la prensa o en un tuit.

Desde la PAH llevamos 6 años luchando por ello día a día y con humildad. Nos habréis visto en las calles, pero sobretodo hemos trabajado como hormigas, apoyándonos los unos a los otros.

Por eso ahora exigimos menos palabras y más resultados. Que nadie trate de apropiarse lo que vayamos consiguiendo. No nos interesan las competiciones de alcaldes. Luchamos para que todos los Ayuntamientos defiendan el derecho a la vivienda, como hicimos con las multas a las viviendas vacías de los bancos.

Hemos conseguido miles de pequeñas victorias colectivas que al final han hecho posible que se cambien las leyes en Catalunya.

Defiendan ahora desde los Ayuntamientos y la Generalitat los derechos de la gente, es su obligación. Pónganse a trabajar y hagan cumplir la ley. Y escuchen-nos, que de derecho a la vivienda... algo sabemos. Exigimos ser partícipes del diseño de implementación de la ley a nivel municipal.

Pongámonos todos a trabajar en ello. Que falta hace.

Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) de Terrassa